Importar insumos o materias primas se ha convertido en los últimos meses en una difícil tarea para las industrias.

A las limitaciones impuestas por un cada vez más estricto Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) se sumó desde comienzo de mes una nueva restricción oficial.

A través de la Resolución 5339, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió hasta el 31 de diciembre el régimen de percepción que permitía a las importadoras quedar exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a las Ganancias.

La suspensión del régimen representa un aumento aproximado de la recaudación tributaria en términos aduaneros de 20% en IVA y de 6% en Ganancias, y en términos de ingresos fiscales se estima una cifra cercana a los $ 979.000 millones.

Calificado como un costo financiero adicional que van a tener que afrontar las empresas importadoras, la mayor carga impositiva se terminará sumando al precio final del productor.

Debido a ello, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su reparo ante la determinación de la AFIP.

La entidad empresaria expresó su preocupación, al entender que la disposición «aumenta nuevamente la presión tributaria sobre el sector formal«.

En ese sentido, calificó a la medida como «inconsulta, sorpresiva y de amplia afectación y alcance al sector productivo porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones acumulando el pago de las percepciones en detrimento del capital de trabajo«.

Para la UIA, la disposición «no es sustentable económicamente”, ya que considera que las percepciones por el equivalente a 26% del valor de las importaciones durante los próximos nueve meses (20% de IVA y 6% de Ganancias) implica un préstamo a tasa 0% por nueve meses de parte de las empresas importadoras argentinas al Fisco.

En el caso de la maquinaria agrícola, la mayor carga impositiva generada por la decisión oficial terminará agravando la distorsión tributaria que ya pesa sobre la actividad, advierten en el sector.

En la actualidad, una fábrica paga 21% de IVA cuando compra un insumo (nacional o importado) para fabricar un bien de capital, pero cuando vende el producto terminado percibe 10,5% en concepto de IVA, lo que genera un saldo técnico a su favor que es difícil de recuperar.

Además de ese dinero inmovilizado, la quita del certificado de exclusión de ambos impuestos para empresas importadoras representa otro costo financiero, que se terminará trasladando al precio final.

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