Además de declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, la ley “ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso plantea un fuerte escenario de desregulaciones.

En materia de actividades vinculadas con el uso de la maquinaria agrícola, el libre comercio internacional de hidrocarburos y la no intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción, es una de las primeras señales.

La segunda tiene que ver con el mercado de los biocombustibles, donde ya hay motores de tractores y cosechadoras que permiten su uso al 100%.

La intención del Gobierno Nacional es modificar a la actual Ley de Biocombustibles, que regula a toda la actividad, para permitir el libre comercio de biodiésel (que se mezcla con el gasoil en el mercado interno) en términos de precio y aprovisionamiento.

¿Que significa ello?

Que el Estado no intervendrá más en materia de precios y que, de aprobarse la mega-ley, en las sesiones extraordinarias del Congreso antes del 31 de enero, la última regulación del valor que las petroleras debían pagar a las empresas proveedoras del combustible renovable habría sido el 28 de diciembre.

Ese día, la Secretaría de Energía dispuso aumentos del 34,44% en los precios de adquisición de biodiesel para su mezcla con el gasoil en el surtidor. Su valor mayorista pasó de $ 686.986 a $ 923.590 por tonelada del biocombustible.

El 29 de noviembre había sido la última vez que el Gobierno (en este caso la administración pasada) había dispuesto una actualización en el valor del biocombustible del 31,11%.

Si prospera la intención del presidente Javier Milei, serán las petroleras y la industria proveedora la que deberán acordar el valor de venta del combustible que se mezcla en un 7,5% con el gasoil para el mercado interno.

Además de facultar a las petroleras y refinadoras a participar en el proceso de elaboración del combustible a base de soja, una instancia que con el cuadro normativo actual está prohibido.

Lo que nada dice el capítulo de la ley vinculado a los hidrocarburos es de liberar la mezcla mínima de los combustibles renovables con los fósiles. Todo lo contrario, mantiene las mezclas actuales. “Serán del 7,5% en gasoil y del 12% en nafta, conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace”, precisa el proyecto oficial.

Con participación exclusiva de la industria aceitera vinculada a la molienda de la soja, desde 2011 (cuando arrancó la Ley de Biocombustibles) hasta el 2019 inclusive, la industria del biodiésel trabajó a un ritmo promedio de producción anual de 2,3 millones de toneladas, destinando un 42% de ese volumen al abastecimiento interno a través de la tasa de corte.

Sin embargo, en los últimos años, la sequía, la desaceleración económica y la merma en el comercio exterior colocaron a la industria en la mayor crisis de su corta historia.

Terminado 2023 y con las actuales estimaciones y proyecciones productivas, la Bolsa de Comercio de Rosario prevé que la producción anual de biodiesel llegaría a 872.000 toneladas, utilizando únicamente 22% de la capacidad instalada.

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